Chihuahua, a 20 de junio.— La consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yanko Durán Prieto, celebró la culminación del proceso electoral extraordinario mediante el cual fueron electas las y los jueces del Distrito Judicial Morelos, al encabezar este viernes la entrega de constancias de mayoría a los perfiles que resultaron ganadores en las urnas.
En entrevista, Durán Prieto destacó que este ejercicio ciudadano representó un reto sin precedentes tanto para la autoridad electoral como para la ciudadanía y las candidaturas, al tratarse de un proceso inédito en la historia judicial y electoral del país.
“Nos congratulamos porque es la culminación de un proceso que se antojó difícil, que nos puso a prueba a todos: desde el ámbito electoral, la ciudadanía y las candidaturas, pero finalmente aquí estamos, cumpliendo”, afirmó.
Sin embargo, reconoció que el proceso aún enfrenta retos importantes, particularmente en el ámbito jurídico, con más de 100 impugnaciones presentadas hasta este mediodía, relacionadas tanto con candidaturas específicas como con la forma en que se desarrolló el proceso en algunos distritos judiciales.
“Alrededor de las 12 del día ya sumaban unas cien impugnaciones presentadas, y todavía faltan las correspondientes a Juárez, en el Distrito Judicial Bravos, así como las que deriven de las constancias entregadas hoy”, explicó la consejera presidenta.
Durán subrayó que, si bien la etapa organizativa y de responsabilidad directa del IEE concluye con la entrega de constancias, el proceso ahora pasa a la cancha del Tribunal Estatal Electoral, instancia que deberá revisar las impugnaciones presentadas.
“Nuestra tarea sustantiva como Instituto era la organización del proceso y ahora la entrega de constancias. Confiamos en que el Tribunal, a pesar de ser un proceso novedoso y sin muchos precedentes, lo resolverá con éxito”, expresó.
Finalmente, Durán reiteró que, pese a los desafíos jurídicos y operativos, el IEE cumplió con su responsabilidad de manera transparente y eficiente, sentando un precedente nacional en la implementación de procesos democráticos para la elección de funcionarios judiciales.
Este proceso electoral extraordinario, implementado tras la reforma constitucional que ordena la elección popular de jueces y magistrados, continúa bajo revisión jurídica en algunos casos, pero avanza hacia su consolidación como un ejercicio de legitimación ciudadana en el Poder Judicial.